200 municipios controlados por el Narco | El Blog del terror


200 municipios controlados por el Narco



¿Qué pueden hacer un par de policías municipales mal armados, peor pagados y sin entrenamiento ante un convoy de camionetas del narco? La pregunta revela la disyuntiva entre corrupción o muerte de los cuerpos policíacos.



Para que la maquinaria del crimen organizado funcione hay que aceitarla con corrupción. Un estimado de los recursos derramados a las mafias policiacas involucradas en el negocio del narcotráfico es de mil 277.27 millones de pesos, de acuerdo a cálculos de la Secretaría de Seguridad Pública realizados con base en el déficit salarial con que operan las corporaciones.
Las expresiones más recientes del proceso de corrupción de las policías del país y de su operación virtual como bandas criminales, o al amparo de éstas, se dieron en Santiago, Nuevo León, cuando un grupo de siete policías municipales integró el comando que secuestró y asesinó al alcalde Edelmiro Cavazos. Entre éstos se encontraba el agente destinado a la seguridad personal del alcalde, mientras que Gilberto Cruz Puente, su anterior jefe de escoltas, había fallecido el jueves anterior al secuestro luego de chocar contra una malla ciclónica en la carretera Nacional en lo que fue declarado entonces un mero accidente.
Días después de la ejecución del alcalde los presuntos homicidas fueron capturados en una quinta ubicada en el fraccionamiento campestre Rincón de la Boca, habilitada como base de operaciones, cuartel, casa de seguridad y guarida; allí fueron detectados 20 supuestos sicarios, la mayoría de los cuales se dieron a la fuga. La razón aparente para cometer el asesinato fue que el alcalde ordenó rebajarle a los policías involucrados 700 pesos por quincena al haberlos sorprendido extorsionando en una multa de tránsito a unos motociclistas.
Desde el pasado siete de agosto las fuerzas federales habían mostrado la crisis en que se encuentran las policías del país cuando cerca de 200 elementos se amotinaron en Ciudad Juárez. Los policías retuvieron a Salomón Alarcón, alias El Chamán, por más de cuatro horas, denunciando al principal mando policiaco de las tropas desplegadas en la conflictiva ciudad por corrupción y despotismo.
Las denuncias contra el personaje, de quien se dice es parte de una narconóminadecomisada por el Ejército el año pasado en Sinaloa, son concretas: “Los jefes guardan enLos Rinos (los camiones blindados) la droga que le cargan a los detenidos. Nuestros mandos son pura basura. Reportan muchas detenciones porque están de acuerdo con agentes de la PGR a fin de capturar inocentes y cargarlos con droga para que paguen fuertes cantidades”.
Las “cuotas”, los “entres”, el pago para operar en las calles del país ha adquirido una impunidad insospechada: nada más eficaz que un sicario con placa y arma reglamentaria. Fue el propio Genaro García Luna quien reveló la cifra estimada por la Secretaría de Seguridad Pública que se destina a la corrupción policiaca. El Secretario participó a principios de este mes en el foro “Hacia un modelo policial para el México del siglo XXI”, celebrado en la ciudad de Puerto Vallarta, y allí dijo: “El déficit salarial de los policías municipales es de mil 277.27 millones de pesos mensuales. Eso no lo pagamos y eso es igual a corrupción. Ese déficit lo financia el hampa, la parte delictiva. Hoy en el país la policía sigue operando ganando dos mil, tres mil pesos, es decir, el coche camina pero la gasolina alguien la pone”, dijo García Luna.
Poco más de 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales del país gana entre mil y cuatro mil pesos; el 20 por ciento se conforma con apenas mil pesos de salario en una época cuando ser policía implica como nunca antes jugarse a diario la vida.
Policías federales forcejean con un agente acusado de recibir dinero del narco.

LA APARICIÓN DE LOS GUERREROS SUCIOS
La corrupción arraigada en las policías les permite operar y determina sus acciones pero el cáncer del dinero mal habido, de la formación de mafias policiacas, viene desde la vieja dictadura priista de los años setenta. Un texto esclarecedor sobre la historia del crimen organizado en México y sobre sus mecanismos de operación es Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México (Océano, 1998), preparado por el Instituto Mexicano de Estudios Organizados, una asociación civil.
El texto resulta contundente: “La especificidad fundamental del crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia”.
Si realizamos un seguimiento de la historia criminal en México es posible reconocer una transformación de sus características hacia finales de esa década de los años setenta. Desde entonces la corrupción se extiende por las bases de las estructuras policiacas, prosperando negocios como el tráfico de drogas y el robo de automóviles y constituyéndose verdaderas mafias policiacas que pueden ilustrarse muy bien con la historia del famoso Negro Durazo, poderoso y corruptísimo jefe de la Policía de la Ciudad de México bajo el gobierno de José López Portillo.
Pero estos gremios policiales encargados de la operación de los florecientes negocios del crimen organizado funcionaron antes como mecanismos de control de la dictadura, si no como paramilitares, sí al margen de la ley y de los derechos civiles: “Contra los grupos subversivos o guerrilleros se puso en práctica una estrategia estatal de guerra suciabasada en la violación de los derechos fundamentales, el uso de la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales”.
La reforma política gestada en los años del gobierno de José López Portillo terminó en gran medida con estas operaciones, y las estructuras y los mandos encargados de enfrentar a los grupos subversivos adquirieron una nueva función: “Los guerreros sucios eran capaces de seguirle vendiendo a sus jefes y protectores la idea de que la tolerancia a ciertas actividades criminales era un pago justo para una fuerza operativa capaz de actuar en cualquier momento contra los enemigos del sistema (...). La organización policiaca devenida, más que nunca, en criminal, se fue orientando hacía algunas actividades especialmente rentables que, supuestamente, no perjudicaban tanto a la sociedad tales como el narcotráfico, que empezaba a adquirir una importancia inusitada”.
Policías de Ciudad Juárez ayudan a uno de sus compañeros, víctima de una emboscada, en abril de este año. 

Así, el presente problema no es sólo uno de recursos económicos, sino que viene de la estructura misma de las corporaciones y del funcionamiento de las policías en México desde hace poco más de 30 años. “Cuando las organizaciones criminales operan desde el Estado, cuando desfiguran a las instituciones que debieran combatir al crimen hasta convertirlas en lo contrario, todo se ha pervertido (...). Desde el punto de vista de las ventajas para delinquir, las mafias policiacas tienen las mayores imaginables, pues cuentan con todo el poder del Estado y con recursos públicos”.
FOCO ROJOS EN 200 MUNICIPIOS
De acuerdo al investigador Edgardo Buscaglia, especialista en temas de narcotráfico y lo que se puede considerar violencia social, en 63 por ciento de los municipios del país existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado, elnarcomenudeo, el cultivo y tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión. Esta estructura criminal opera bajo el resguardo de la corrupción, protegida políticamente y con el apoyo logístico de los policías municipales. La Asociación de Autoridades Locales de México mantiene los focos rojos encendidos: la gestión de gobierno de 200 municipios del país está determinada por la presencia del crimen organizado. La inseguridad y la violencia son generadas, de acuerdo a esta agrupación de presidentes municipales, por parte del narcotráfico. Los estados donde el problema es más grave, como resulta obvio, coinciden con lo que se puede considerar la geografía del narcotráfico: Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Durango y Nuevo León. El episodio de la muerte del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos, da cuenta de la espiral de violencia que se vive en Nuevo León desde finales del 2009. Las ejecuciones de funcionarios públicos, sobre todo municipales, suman 61. Se han registrado 14 atentados y 18 secuestros a funcionarios y autoridades. Y de los altos mandos policíacos 12 han renunciado de acuerdo a recuentos periodísticos. Delitos como el robo con violencia y el robo de automóviles se han disparado. Los narcobloqueos en Monterrey son cada vez más prolongados y violentos; hoy son perpetrados por pandilleros armados y con la aquiescencia, o cuando menos la indiferencia, de la policía. Las ejecuciones atribuidas a la disputa por el territorio entre el cártel del Golfo y su antiguo brazo armado, Los Zetas, suman allí 420; el doble del año pasado. El control de las policías, sobre todo de la municipal, ofrece a los grupos del crimen organizado impunidad, información privilegiada y redes de control en las ciudades gracias a que se dispone de la infraestructura policiaca para operar: de sus hombres, vehículos, tecnología y hasta armamento. Los policías de la primera línea, los que sufren con mayor frecuencia los embates de la violencia o de la corrupción, son los municipales. Entre ellos se registra el mayor número de muertes violentas y de casos de presunta vinculación con el crimen organizado. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública, dos mil 76 policías han muerto en los primeros tres años de este sexenio. Los policías municipales suman casi la mitad de las bajas, con 915. Son los agentes de primera línea, los que enfrentan día a día a la delincuencia. La policía de la calle y la vigilancia. Y para ellos, el viejo dilema persiste: plata o plomo. Lo que ocurre en Sinaloa ejemplifica esa realidad: en lo que va del año han sido asesinados en esa entidad 65 policías. Sólo en Navolato, Mazatlán y Culiacán fueron victimados 45. Cien hombres han desertado allí en las últimas semanas.
Detención de agentes y ex agentes de las policías ministerial y municipal de Baja California.

POLICÍAS ESTATALES vs CORRUPCIÓN
Muchos de los policías que combaten el delito en el país, los de la primera línea, los municipales y estatales, lo hacen con recursos limitados y armas viejas. En información procedente de la Secretaría de la Defensa, hecha pública por requerimientos del Instituto Federal de Acceso a la Información y publicada por distintos medios, se señala que 91.3 por ciento de las instituciones policiales del país, estatales y municipales, apenas han adquirido armamento suficiente para dotar a 20 por ciento de sus más de 390 mil elementos.
Sin armas, con deficientes salarios, con la mínima preparación, las policías del país están a la deriva. Para su rescate se ha propuesto un nuevo modelo policial; en la 28 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores del país y el presidente Felipe Calderón acordaron la construcción de 32 cuerpos policiales estatales: “Estamos apostando a reformas de fondo y por eso en el marco de este Consejo me comprometo a presentar en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional y legal que impulse un nuevo modelo judicial basado en 32 policías estatales...”, dijo Calderón.
Pero, en opinión de la mayoría de los presidentes municipales, la formación de policías estatales limitaría su gestión en labores de seguridad pública… y su presupuesto. En declaraciones a la prensa, el diputado Domingo Rodríguez, coordinador de Vinculación con Estados y Municipios del PRD, afirmó: “Hay un rechazo generalizado por parte de los dos mil 435 ediles del país, por la posible afectación a la soberanía municipal. Se podrían crear cacicazgos policiacos”. La oposición a la creación de policías estatales encontró eco en 15 de los procuradores de justicia del país asistentes a la XXIII Conferencia Nacional de Procuradores, celebrada en Ensenada el pasado mes de mayo. Fuentes consultadas señalaron que estos procuradores se oponen a la fusión de las policías ministeriales en una sola policía estatal, pues esto limitaría sus posibilidades de investigación para enfrentar al delito.
Si se revisan las acciones emprendidas contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, una de las constantes es la captura de policías presuntamente vinculados al crimen organizado. Altos mandos fueron detenidos cuando se llevó a cabo la Operación Limpieza, pero la tarea impostergable para transformar de fondo a las policías mexicanas tiene que ver con la vinculación entre el poder político y el poder policiaco: el diagnóstico presentado en Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México remite a la década de los años setenta para explicar el florecimiento del crimen organizado, sobre todo la aparición de los poderosos grupos de narcotraficantes que hasta ahora prevalecen, pero su explicación es tan pertinente hoy como ayer: “Para entonces, desde el Estado, se había hecho lo que los criminales no hubieran podido hacer por sí solos: organizarse. Se había creado una enorme maquinaría para obtener dinero, una pirámide en cuya base se situaban los delincuentes comunes, en su segundo piso los agentes y jefes policiacos, y en la cúspide las autoridades políticas”.


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